Finalmente, el gobierno de la Generalitat pone manos a la obra y pretende aprobar este mes de octubre la Ley de contratos de servicios a las personas, más conocida como Ley Aragonés en homenaje a su neoliberal impulsor. Esta ley es vendida como una mejora de la situación actual en los procesos de privatizaciones (le dicen externalizaciones) de servicios públicos de todo tipo. Ahora bien, la realidad es otra.
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