En concreto, según informa el diario neoliberal El País, el juez cree inconstitucional varios puntos clave de la nueva norma. El primero, la regulación del despido. Además, cuestiona que se de potestad al empresario sobre los salarios de tramitación cuando un despido sea declarado improcedente y, finalmente, cuestiona que sea constitucionalmente aceptable la discriminación que se produce entre los trabajadores con derecho a prestación por desempleo y los que no a la hora de ser contratados.
La primera duda que plantea el juez versa concretamente sobre la vía elegida por el Gobierno de Rajoy para llevar adelante la reforma laboral: el decreto ley. En opinión del magistrado, "faltan los presupuestos habilitantes de fundamento, concordancia y motivación para la modificación completa por vía decreto ley de la regulación del despido".
El juez también señala que existe una "posible vulneración de la igualdad ante la ley" entre los proveedores y los asalariados al cambiar la regulación de los salarios de tramitación. El titular del juzgado de lo social número 30 de Madrid cuestiona los cambios que la reforma establece al respecto de estos salarios de tramitación mediante un concepto propio del derecho mercantil que establece que cuando se rompe un contrato de forma injustificada entre una empresa y uno de sus proveedores, este último tiene derecho a una compensación por el perjuicio causado. Con lo establecido con la nueva reforma, esto no se estaría respetando, lo que pone en duda su validez desde un punto de vista de los derechos constitucionales que le son propios a todo trabajador. De hecho, la desaparición de los salarios de tramitación es para el juez uno de los principales elementos de inconstitucionalidad de la reforma.
Desde el primer día han surgido voces que dudan sobre la constitucionalidad de la reforma laboral. Ahora, este juez de Madrid ha dado un paso adelante y ha iniciado los trámites para llevar la reforma ante el Tribunal Constitucional, si bien, de momento, el titular del juzgado lo que ha hecho es dirigirse al fiscal y a las partes afectadas (empresario y trabajadores) para que se pronuncien sobre los puntos que él cree inconstitucionales. Veremos finalmente si es por esta vía que la reforma acaba en el constitucional, algo que ya plantearon también los sindicatos mayoritarios, e incluso algunos partidos políticos como el oportunista PSOE e IU.
Sea como fuere, parece inevitable que, a menos que el gobierno recule y modifique algunos de sus puntos más polémicos, la reforma acabe encima de la mesa del Tribunal Constitucional.
Kaos en la Red
Ver la información en Kaos en la Red y en El País.
No hay comentarios:
Publicar un comentario