En total, 33.000 millones de euros menos a pagar en el capítulo de pensiones en los próximos nueve años, según la memoria del impacto económico del anteproyecto de Ley para la regulación del Factor de Sostenibilidad y del índice de revalorización del sistema de la Seguridad Social remitido al Consejo Económico y Social (CES). Fuentes del Ministerio de Empleo han subrayado que dicha cantidad será lo que el sistema de Seguridad Social se ahorrará en dicho periodo, equivalente, por ejemplo, al déficit acumulado del sistema de protección en los últimos años, que ronda los 35.000 millones. De hecho, según las fuentes del Departamento de Fátima Bañez, uno de los objetivos de la reforma es corregir los números rojos en las cuentas de la Seguridad Social. Estas fuentes insisten en que no se producirá un recorte de las prestaciones, y que el gasto global del sistema seguirá aumentando, por la incorporación de los nuevos jubilados (supuestamente, con pensiones mayores que las que perciben los actuales beneficiarios del sistema).
El anteproyecto de ley de reforma de las pensiones, remitido al CES para su dictamen, establece que en 2014 sea de aplicación ya este nuevo indicador de revalorización, que sustituirá al IPC y que tendrá en cuenta no sólo la evolución de la inflación, sino también los ingresos y gastos del sistema para garantizar en todo momento que el sistema paga a los pensionistas el importe que puede soportar.
Concretamente, para revalorizar las pensiones de un determinado año se considerará el total de ingresos y gastos agregados del sistema por operaciones corrientes de los seis años anteriores y la estimación de ese año y los cuatro siguientes (un total de 11 años), a excepción de los correspondientes al Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa) y del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso). Además, se deducirán de estos capítulos los ingresos y gastos referidos a las prestación por cese de actividad de los trabajadores autónomos y a las pensiones no contributivas, salvo los complementos a mínimos.
Así, en los años en que el saldo resultante de estos cálculo gastos e ingresos sea menos favorable las pensiones, se revalorizarán previsiblemente por debajo del IPC interanual, aunque siempre con un mínimo del 0,25%. Por el contrario, en los momentos de bonanza éstas podrán incrementarse hasta un 0,25% por encima de la inflación.
El Gobierno, que en su último cuadro macroeconómico prevé que la Seguridad Social cierre todos los ejercicios hasta 2016 en déficit, asegura que con este nuevo indicador el sistema podría reducir sus desequilibrios en 809,6 millones de euros en 2014, en 1.640 millones en 2015, en 2.490 millones en 2016, en 3.359 millones en 2017 y en 4.242 millones en 2018, según figura en la memoria económica de la reforma de las pensiones.
Más adelante, el Gobierno espera aplicar el Factor de Sostenibilidad para las pensiones de jubilación que se causen a partir del 1 de enero de 2019, con el objetivo de ajustar la cuantía de las pensiones a la esperanza de vida de los jubilados en cada momento. Este factor de "equidad intergeneracional" se aplicará una única vez para calcular la pensión de esas nuevas altas, de manera que la prestación que recibirán (previsiblemente durante más años al aumentar la esperanza de vida) será equivalente a la obtenida por quien se haya jubilado con anterioridad.
Una vez entre en marcha este mecanismo en 2019, el Gobierno espera que la reducción de los desequilibrios de las cuentas de la Seguridad Social ronde ya los 5.000 millones anuales hasta 2022.
Mientras el informe de impacto del anteproyecto de Ley de reforma de las pensiones deja claro que la Seguridad Social ahorrará miles de millones actuando sobre la cuantía de las pensiones, la ministra de Empleo, Fátima Báñez, ha asegurado este lunes en declaraciones Onda Cero que "las pensiones ganarán poder adquisitivo a medio y largo plazo con toda claridad".
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