La Guardia Civil rastrea las redes de forma ilegal

Opinar en Twitter le costó a Guillermo Zapata la Concejalía de Cultura y Deporte en el Ayuntamiento de Madrid escasas horas después de ser nombrado. Las frases ofensivas se remontan a 2011. A César Montaña Lehman, más conocido como César Strawberry, miembro del grupo musical Def Con Dos, Twitter le costó la privación de libertad durante las cuatro horas que duró su detención. El músico fue encausado en la tercera fase de la Operación Araña, lanzada por la Guardia Civil solo seis días antes de las elecciones municipales y autonómicas.

Además de Strawberry, otras 22 personas fueron arrestadas en ocho provincias de seis comunidades autónomas. A los encausados se les acusa de publicar en las redes sociales mensajes de enaltecimiento del terrorismo, desear en ellos la muerte de personas o burlas a víctimas concretas, hechos constitutivos de delito en virtud del artículo 578 del Código Penal, con un castigo contemplado ahora entre uno y dos años de cárcel --que con el nuevo Código Penal llegará hasta tres años--.

La primera fase de esta operación, que rastrea de forma indiscriminada opiniones vertidas en las redes sociales, acabó en abril de 2014 con la detención de 21 personas. En noviembre de ese mismo año se cerró la segunda, con 19 detenciones más. En total, más de 60 personas han sido arrestadas por enaltecer el terrorismo desde que la ‘araña’ de las fuerzas del orden extendiera sus redes por Internet.

Isabel Elbal Sánchez es miembro del equipo de abogados que trabaja en el caso de uno de los detenidos, posiblemente el más mediático, el líder del grupo Def Con Dos, César Strawberry. Elbal cree que la Operación Araña y las detenciones realizadas son "totalmente ilegales". "Las fuerzas del orden pueden perseguir delitos, pero no a personas de forma colectiva e indiscriminada". 

¿Qué es la Operación Araña y en qué se fundamentan las detenciones que se han llevado a cabo?

Ya vamos por la tercera operación y consiste en detener a un grupo de personas que no se conocen entre sí, con una cuenta en Twitter desde la que lanzan tuits desabridos, descorteses u ofensivos. A esto le han dado un encaje legal diciendo que podría ser un delito de enaltecimiento terrorista y con ese título se han permitido detener a estas personas. Muchas de ellas no habían sido detenidas en su vida, y han conseguido una estigmatización importante. Se trata de gente normal, sin antecedentes penales, que han sido detenidas cerca de su domicilio, cuando iban a trabajar, en la calle… Les tenían perfectamente localizados y no había ningún riesgo de que se fugaran. Muchos de esos tuits se habían emitido hace mucho tiempo. No existía ninguna peligrosidad que justificara una detención inmediata. Podrían haber sido citados en su domicilio mediante un telegrama para acudir ante el juez. ¿Por qué se ha hecho de esta manera? Entiendo que es porque así tienen en el expediente una detención por motivos terroristas. Muchos han sido arrestados y puestos en libertad el mismo día. La detención buscaba la estigmatización: ser señalados e incorporados a un fichero policial.

En el caso de César Strawberry usted ha afirmado que se han cometido irregularidades…

Cometen un error gravísimo: le intervienen entre sus pertenencias personales su teléfono móvil. No esperan a que el juez autorice a entrar en ese teléfono sino que le ordenan que les entregue la clave del PIN. No le informan de que no es una orden y que esa información la puede dar de forma voluntaria y que en caso de negarse la pueden conseguir a través del juez requiriendo a la compañía de teléfono. Sin la presencia de su abogado le dan una orden y él, que nunca había sido detenido, no le queda más remedio que darles el PIN porque piensa que está obligado. Para un delito de opinión, como es el de enaltecimiento, realmente resulta anómalo que se hayan quedado con el teléfono móvil y lo estén rastreando con todo el contenido de información secreta e íntima. Es más, para saber qué otros tuits ha podido lanzar o comprobar si es el titular o un fake era más sencillo: no había más que ponerse en contacto con Twitter y que la empresa les diera la información siempre que hubiera una intervención judicial y el juez lo pidiera.

Denuncia que la investigación se realiza de forma prospectiva, lo cual es ilegal en nuestro ordenamiento jurídico.

Es totalmente ilegal, no solamente en España sino en cualquier estado democrático. ¿Por qué? Porque se huye de conceptos tales como perseguir a una persona. No se sigue a una persona para ver qué hace, sino que se persigue un hecho para ver si es delictivo, y luego se busca a quién lo ha cometido o quién lo puede cometer. En este caso no van a seguir a una persona concreta sino a muchas de forma indiscriminada, puesto que se meten en la red social y van rastreando a ver quién puede tener tuits un poquito complicados de asumir desde la moralidad de muchos; y eso lo criminalizan y le dan forma de enaltecimiento terrorista. La jurisprudencia dice que el enaltecimiento, para verlo como tal, habrá de ser interpretado según las circunstancias y el contexto. No vale sacar cuatro tuits a los medios de comunicación para que la gente los juzgue. Aquí hay que ver por qué se lanzan determinados tuits, qué son opiniones, cuál es la circunstancia. Ha sido una operación absolutamente desproporcionada para lo que persigue, que es la comisión de un delito que entendemos que la sociedad no reclama que se reprima de forma perentoria. El que desea de forma perentoria que esto ocurra es el Gobierno, con el fin de hacer campaña. No tiene ningún sentido que a seis días de las elecciones hagan esta tremenda operación con 23 detenidos.

¿Cree que hay una coincidencia entre las detenciones y las elecciones? Esta semana han salido tuits de personas que han tenido consecuencias políticas, como la dimisión del recién elegido concejal de Cultura en Madrid.
Estoy convencida de ello. Aparte de que las encuestas iban indicando que les iba a ir mal... Ya no hay ETA, ya no hay GRAPO, no hay nada que provoque una gran intervención policial de esas que anima a la gente que vote para garantizar la seguridad. En este caso concreto no hay nada de eso. Hay que buscarlo, hay que provocarlo. Tampoco tiene ningún sentido que hace un mes se detuviera a un grupo de personas acusado de ser una organización dedicada al narcotráfico, detuvieron a un montón de gente en un poblado humilde de Madrid, y solamente se incautaron de cien gramos de hachís. Es que no tiene ningún sentido. Todo esto se está haciendo para colgarse una medalla triunfalista y que la gente confíe en el Gobierno.

En el caso de César Strawberry, usted ha dicho que hay también un defecto de forma porque no se ha entregado el atestado íntegro al juez.

No, no está entregado. Es muy curioso porque, desde mi dilatada experiencia, he visto un montón de operaciones policiales y de atestados, y aunque haya 30 detenidos y la investigación solo acuse a uno de los 30, aparece toda la operación porque el juez y todas las partes personadas tienen que saber qué motivos tuvo la Policía para intervenir, por qué lo hizo y cómo lo hizo. En este caso, la primera página que tenemos del procedimiento contra César Strawberry es un párrafo de la Policía que dice: “De la operación policial que hemos realizado por motivos de enaltecimiento le entregamos la denuncia contra este señor”. No aparece la operación completa en la que se ha detenido a los otros 22. La defensa tiene derecho a saber qué sucedió. Porque si lo que provocó la operación estuvo mal hecho y fue ilegal, todo lo que viniera después podría ser anulado. Por tanto, le están privando de un medio de defensa importante, y al juez de la información completa de lo que ha sucedido.

La Guardia Civil rastrea las redes de forma ilegal