Esta medida, tal y como explica el Ejecutivo en la referencia del Consejo de Ministros, "tiene una repercusión inmediata en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles ya que dicho impuesto se devenga el 1 de enero de cada año natural". Es decir, que esta actualización catastral implica una subida del IBI que los propietarios de bienes inmuebles (viviendas, garajes, locales comerciales...) deberán satisfacer con su ayuntamiento.
Por el momento se desconoce en cuánto se incrementará el IBI en cada localidad, dependerá de los coeficientes de revalorización catastral de los inmuebles urbanos que el Ejecutivo decidirá fijar en los Presupuestos de 2017.
Según consta en la relación de municipios publicada por el BOE (Orden HAP/1553/2016, de 29 de septiembre, por la que se establece la relación de municipios a los que resultarán de aplicación los coeficientes de actualización de los valores catastrales que establezca la ley de presupuestos generales del Estado para el año 2017), entre las más de 2.400 localidades que verán incrementado su IBI se encuentran capitales de provincia como Valencia, Tarragona, Lleida, Córdoba, Almería, Jaén, Badajoz, Huesca o Teruel, y otras ciudades como Arganda del Rey, Colmenar Viejo, Fuenlabrada, Rivas-Vaciamadrid, Badalona, Granollers, Cartagena o Alcalá de Guadaira.
Para que los municipios puedan reclamar al Gobierno una actualización de su valor catastral deben cumplir tres requisitos, según indica el BOE: que hayan pasado al menos cinco años desde la última actualización castastral (es decir, que sea anterior a 2012), que hayan comunicado la solicitud a la Dirección General del Catastro antes del 31 de mayo y que hayan justificado "diferencias sustanciales entre los valores de mercado y los que sirvieron de base para la determinación de los valores catastrales vigentes".
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