El 7 de mayo se reunió la mesa de contratación creada para el "desarrollo e implantación del Sistema de Registro de Nombre de Pasajeros (PNR, en sus siglas en inglés)" el plan europeo para prevenir actos terroristas en el transporte bajo el que Interior cobija la búsqueda de sospechosos por su procedencia u origen social. En esa mesa se decidió que la tercera empresa en discordia quedaba fuera del concurso al no haber presentado la documentación adicional que se le había solicitado, como sí hizo Accenture.
En el pliege de convocatoria del concurso, la Secretaría de Estado de Seguridad explica que pretende contar antes de que acabe el año con una herramienta informática que cruce al instante miles de datos de una persona para detectar a los que, por su "perfil demográfico y sociológico", pudieran estar planeando un acto terrorista.
La concesión es relativamente pequeña para dos empresas del tamaño de Indra y Accenture, un total de 1,6 millones de euros, IVA incluido. Pero el proyecto tiene una gran importancia estratégica. Indra pelea por la adjudicación en una situación delicada. La empresa, participada por el Estado en un 20%, prepara un ERE que podría afectar hasta a 3.500 trabajadores. Las acciones son de la Sociedad Española de Participaciones Industriales (SEPI), pero están tuteladas por el Ministerio de Defensa.
En los últimos tiempos, varias informaciones han afectado a la imagen de la empresa. Se trata de la adjudicataria de un concurso de la Comunidad de Madrid en el que jueces de Madrid cobraban de la empresa por asesorar en un proyecto. Recientemente, el Consejo General del Poder Judicial concluyó que no había nada irregular en la conducta de los magistrados.
Por otra parte, uno de los imputados en la trama de corrupción conocida como ‘Púnica’, el exconsejero general de la Agencia de Informática y Comunicaciones de la Comunidad de Madrid José Martínez Nicolás declaró ante el juez que el número dos del Gobierno regional, Salvador Victoria, le había ordenado que pidiera a Indra satisfacer en negro un pago de 10.000 euros a uno de los principales implicados, Alejandro de Pedro.
Ya sea Indra o Accenture la adjudicataria, recibirán unas instrucciones muy precisas sobre lo que busca Interior. En su pliego de 58 páginas, el Ministerio del Interior indica que la empresa adjudicataria deberá "captar información" de las siguientes redes sociales: Twitter, Google Plus, Linkedln, Tumblr, Instagram y Flickr. Curiosamente, los técnicos de Interior dejan fuera a Facebook, la primera red social del mundo por número de usuarios. También deberá obtener información de foros, blogs y "páginas genéricas". Junto a ellas, lo que llama "fuentes multimedia de vídeo: YouTube, Vimeo y LiveLeak". Y buscadores: Google, Bing, Yahoo y Duck Duck Go.
Además de la procedencia de la información, Interior pide que se consigan los metadatos de los contenidos multimedia, los nick con los que se registran los usuarios e, incluso, los comentarios que generan. Todos estos datos almacenados no desparecerán con el paso del tiempo. "El sistema deberá extraer información de forma continua de las fuentes soportadas, de forma que pueda crearse un histórico de información", señala la oferta.
En la mesa de contratación participa el número dos del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado, el comisario Miguel Ángel Barrado. El CITCO es una megaestructura nacida recientemente de la fusión de los centros que aglutinaban y analizaban, por separado, la información de las Fuerzas de Seguridad sobre terrorismo y crimen organizado.
No hay comentarios:
Publicar un comentario