La organización ha señalado que esta demanda "se sostiene en el incumplimiento manifiesto de los requisitos legales para realizar un despido colectivo, no existiendo causa legal para los despidos". De acuerdo con CGT, se trata de "una decisión política ante la premura e incertidumbre por las próximas elecciones generales".
El sindicato Co.Bas ha presentado demanda por la misma causa, según ha informado CGT en el mismo comunicado.
El ERE anunciado por la compañía contempla, entre otras medidas, la extinción de hasta un máximo de 1.750 empleos, cien menos de los anunciados inicialmente, durante un plazo que finalizará el próximo 31 de diciembre de 2016, lo que supone aproximadamente el 8% del total de la plantilla en España.
El pasado mes de agosto, la compañía acordó con los sindicatos la recolocación de 350 trabajadores, por lo que la cifra de afectados se reducirá a 1.400 afectados como máximo, para los que se ha diseñado un plan de adscripción que hará que en su mayoría sean voluntarios.
El expediente afectará a los centros de trabajo de Barcelona, Madrid, A Coruña, Albacete, Cádiz, Guipúzcoa, Las Palmas, León, Málaga, Mallorca, Murcia, Navarra, Sevilla, Tenerife, Toledo, Valencia, Valladolid y Vizcaya.
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