Las asociaciones fotovoltaicas han definido este viernes los cargos que establece el Real Decreto para los usuarios conectados como un "freno para el desarrollo de esta actividad", crítica a la que se ha unido la Unión Española Fotovoltaica (Unef) que llamó "discriminatorios" los puntos del Gobierno con respecto a otros sistemas como el vigente para las centrales de generación.
A su juicio, en lugar de "entorpecer" esta actividad, el Gobierno debería impulsarlo como medida de ahorro y eficiencia energética que, además, contribuiría a aumentar la competitividad de las empresas de servicios y pymes. La Asociación Nacional de Productores de Energía Fotovoltaica (Anpier) ha tachado la normativa de "esperpéntica" por haberse aprobado "sin consenso político ni territorial, sobre argumentos falaces y sin la legitimación social exigible".
La principales organizaciones ecologistas españolas han considerado "absolutamente inaceptable" y han coincido en que se ha "primado el interés de las grandes empresas frente al general". Marina Bebacqua, portavoz de Energía de Greenpeace, recuerda que "los dieciocho partidos políticos de la oposición al PP" se han comprometido a que si gobiernan, derogarán esta regulación "para desincentivar a quien quiere utilizar la energía del sol".
Los ecologistas estiman que es "inaudito que en el país del sol se obstaculice de forma artificial la instalación de energías renovables, que la práctica totalidad de la energía consumida siga siendo fósil y nuclear, con una dependencia del exterior cercana al 85%". A ello se que une que aprobando esta normativa que "pone trabas a las renovables", España envía "un mal mensaje internacional" a dos meses de la Cumbre del Clima de París, donde los países esperan acordar un pacto global histórico para luchar contra el cambio climático.
Para Enrique Segovia, director de Conservación del Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF) en España, esta normativa "impone todo tipo de trabas burocráticas y es un impuesto camuflado en beneficio de las grandes compañías eléctricas, que hace inviable el autoconsumo para las familias que quieran apostar por él".
Soria defiende los cargos al autoconsumidor
Ante las preguntas de los medios y las numerosas críticas, Soria ha defendido su Real Decreto en rueda de prensa y ha querido remarcar que el informe del Consejo de Estado sobre esta normativa no solo la refrenda y dice que es conforme al marco legal vigente sino que se muestra "partidario de que el autoconsumidor pague los peajes necesarios".
Otro de los puntos que el ministro de Industria ha defendido ha sido el pago de los peajes de transporte y distribución "en la medida en que usa" el sistema y contribuir "como cualquier otro consumidor" a otros costes. "Esos pagos le permiten que, si tiene que acudir al sistema, pueda tener energía en cualquier momento", ha afirmado.
En un intento de vender esta medida no electoralista, Soria ha recordado que se han establecido dos exenciones estos cargos para los autoconsumidores extrapeninsulares -ya que en islas la generación convencional es más cara que la distribuida- y para los usuarios que tengan una potencia contratada inferior a 10 kilovatios (kW), que viene a coincidir con los hogares.
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