Hacienda ampara su planteamiento en la disposición favorable del presidente de la CEOE, Juan Rosell, quien se ha mostrado partidario de acabar con las prebendas fiscales de los despidos masivos que vienen sucediéndose en nuestro país a raíz de la reforma laboral de 2012. Las empresas serán las víctimas propiciatorias de esta enmienda a la reforma fiscal porque perderán los ahorros que genera la desgravación de su base impositiva cada vez que acometan procesos de reestructuración de empleo pactados con los sindicatos. La situación es tanto más perjudicial si se observa que las grandes compañías mantienen desde hace tiempo políticas de rotación activa de sus plantillas basadas en ERE deslizantes que se suceden de manera indefinida en el tiempo.
La propuesta de Hacienda tiene una clara referencia en la regulación aplicada desde el 1 de enero de 2013 a las compensaciones por despido que perciben los altos directivos y administradores de las grandes compañías españolas. El Gobierno endureció entonces las condiciones impositivas de los llamados 'blindajes dorados' a partir de un complejo mecanismo de escalas, pero que, a la postre, obliga al beneficiario a pagar el tipo marginal del 52 al 56% en todas las indemnizaciones que excedan el millón de euros. Además, y he aquí el precedente que maneja Montoro, las empresas tampoco pueden deducirse los pagos superiores al millón de euros, que tributarán ahora al máximo del 25% en el Impuesto de Sociedades.
La intención de los responsables del fisco es acabar con los despidos pactados de manera masiva y cuyos costes sociales se han venido cargando habitualmente sobre las espaldas del erario público, tanto en detrimento de la Seguridad Social como de Hacienda. Las supuestas prejubilaciones de las grandes empresas del Ibex fueron puestas en tela de juicio a mediados de 2011, cuando el anterior Gobierno socialista obligó a Telefónica a pagar los dos primeros años de indemnización que hasta entonces se sufragaban a costa de la prestación oficial por desempleo. En los últimos dos años las empresas han derivado su estrategia hacia los ERE como vía de ajuste por la vía rápida y más barata, aprovechando la rebaja de la indemnización por despido, pero también las ventajas del ordenamiento tributario existente en España.
Las regulaciones de empleo están ahora suspendidas en la mayor parte de compañías españolas a la espera de que Hacienda aclare el detalle de la reforma fiscal y el tratamiento que finalmente se va a dar a la indemnización por despido. La disposición que establece desde el pasado 20 de junio la efectividad de un nuevo mínimo exento en 2.000 euros por año es, en estos momentos, simple papel mojado después de que el propio Cristóbal Montoro haya anunciado su voluntad de cambiar la norma. Algunas empresas se habían apresurado a materializar despidos, que podrían ser ahora denunciados ante las autoridades laborales dada la confusión generada estos últimos días en el mercado de trabajo.
No es el huevo, sino el fuero
El titular de Hacienda quiere presentar al Consejo de Ministros una solución definitiva y consensuada con los agentes sociales, incluyendo a los sindicatos más representativos de UGT y CCOO, pero también a la CEOE. Montoro se muestra satisfecho tras abrir un debate político que tiende a limitar los despidos masivos y engañosos que se adoptan de mutuo acuerdo pero sin causas económicas objetivas que los respalden. Los ERE constituyen el ejemplo más evidente de estos pactos interesados entre la empresa y los representantes de los trabajadores y de ahí el afán del Gobierno en poner coto a una estrategia enraizada en el marco de las nuevas relaciones laborales y que tiene un coste directo en los Presupuestos del Estado.
La cuantía que estará exenta de tributar en los futuros despidos dependerá de la presión de los sindicatos, que quieren llegar como mínimo a los 3.000 euros por año de indemnización. Desde el punto de vista de la recaudación, no existe mayor problema ya que la previsión de nuevos ingresos estimada con la actual exención de 2.000 euros por año no llega siquiera a los 140 millones. Entre otras razones porque las indemnizaciones, en todo lo que supera los 33 días por despido improcedente, ya estaban sometidas desde hace tiempo a tributación en el IRPF.
La cuestión de fondo, y lo que al final pretende el Gobierno, es trasladar un mensaje de vigilancia institucional que disuada a los agentes sociales de pactar despidos improcedentes a mansalva para endosar luego parte de la factura al Estado. Montoro ha comprendido que su objetivo no es tanto estrujar la indemnización que cobra el trabajador como evitar la deducción fiscal que aprovecha la empresa. No es el IRPF, sino más bien el Impuesto de Sociedades el que está en la diana de los ERE. O lo que es igual, no es el huevo sino el fuero lo que puede impedir que Hacienda siga siendo un coladero.
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