viernes, 21 de noviembre de 2014

Las horas trabajadas ilegalmente equivalen a 273.315 puestos de trabajo

Con una tasa de paro del 23,6% –5.427.000 personas–, el trabajo en España escasea. Sin embargo, hay un dato que suena llamativo en un momento en el que tanta gente busca empleo: en el tercer trimestre de 2014, cerca de 1,32 millones de trabajadores del sector privado hicieron unos diez millones de horas ilegales cada semana.

El PSOE presenta este jueves una Proposición No de Ley (PNL) contra la explotación laboral que busca precisamente frenar las horas ilegales y el uso fraudulento del contrato a tiempo parcial. Según sus cálculos, este exceso de horas extra podría ser canalizado hacia 273.315 nuevos empleos a tiempo completo.

Las horas ilegales son todas aquellas que exceden de la jornada laboral ordinaria, es decir, todas las horas que superan las 42 semanales (se permiten dos extra a la semana), estén retribuidas o no. Los 1,32 millones de trabajadores que hacen horas ilegales están superando su jornada laboral ordinaria, así como las horas extra legales que están permitidas.

Según los datos recogidos por la Secretaría de Empleo del PSOE, que están basados en los microdatos de la Encuesta de Población Activa, cada semana se realizan 408 millones de horas, de las que 10,2 millones son ilegales. Unas horas que podrían haber generado 273.315 empleos a tiempo completo, o bien 286.284 puestos de trabajo si se toma como referencia la jornada media (de 35,8 horas). Esos empleos se traducirían también en más recaudación para la Seguridad Social, concretamente en cerca de 2.400 millones de euros.

"Que las que se hagan se paguen"

La iniciativa del grupo socialista propone varias medidas para atajar lo que en la práctica es un aumento de la jornada de trabajo sin remunerar y, al mismo tiempo, una pérdida de cotizaciones para la Seguridad Social. Una de ellas es suprimir la posibilidad de que las horas extra se compensen con descansos hasta que la tasa de paro no esté por debajo del 15%.

"Es una práctica que en este momento está impidiendo conocer y controlar las jornadas laborales", dicen fuentes socialistas. Las horas extra, por tanto, tendrían que pagarse. "No queremos acabar con las horas extra, hay mucha gente que las hace porque las necesita –explican–, lo que queremos es que las que se hagan se paguen y que las jornadas no se estén alargando de forma ilegal".

Proponen también que el horario se establezca en el contrato de trabajo y tenga que ser comunicado a la Seguridad Social. De no ser especificado por el empresario, se convertiría automáticamente en tiempo completo. Plantean también aumentar las actuaciones de la Inspección de Trabajo y las infracciones decretadas en la ley.

"No se entiende de ninguna manera que el objetivo prioritario del Ministerio de Empleo sea perseguir a parados que pudieran defraudar 426 euros aumentando las horas de inspección, y se deje de lado la supervisión de la jornada laboral", señala el informe que acompaña la PNL de los socialistas.

Cambiar el contrato a tiempo parcial


Las últimas reformas laborales han flexibilizado el uso del contrato a tiempo parcial, pero fueron  los últimos cambios introducidos por el Gobierno los que abrieron la posibilidad de que un trabajador parcial pueda llegar a hacer el 90% de una jornada ordinaria a través de las llamadas horas complementarias. En la última reforma del mercado de trabajo, además, el Ejecutivo de Mariano Rajoy permitió que los empresarios distribuyeran irregularmente el 10% de la jornada laboral.

El PSOE propone ahora derogar esta última regulación del contrato a tiempo parcial ,"que convierte a este contrato en el contrato de inserción en el mercado laboral tal y como reflejan los datos de contratación, constituyendo una nueva forma de precarización de las condiciones de trabajo", y pactar una nueva que elimine la posibilidad de que el empresario ofrezca al trabajador hacer horas complementarias sin preaviso mínimo.

Dado que la mayoría de los contratos a tiempo parcial están ocupados por mujeres, la propuesta subraya la necesidad de incluir la perspectiva de género a la hora de abordar estos cambios.


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